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(Bloomberg) -- La administración Trump admitió que cometió un “error administrativo” al deportar a un presunto miembro de la pandilla MS-13 a una prisión de El Salvador a pesar de la orden de un juez de inmigración que prohibía su envío a ese país.
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Pero aunque admitieron que los funcionarios de inmigración se equivocaron, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Kilmer Armado Abrego-García no debería ser devuelto a Estados Unidos porque es miembro del grupo criminal conocido como MS-13 y un peligro para la comunidad.
Si bien los extranjeros no deberían ser “expulsados injustamente”, EE.UU. tiene un “fuerte interés público en no importar miembros de pandillas transnacionales violentas al país”, señalaron los abogados en un escrito presentado el lunes al tribunal federal de Maryland.
Abrego-García, cuya esposa e hijo de 5 años son ciudadanos estadounidenses, demandó a EE.UU. luego de ser trasladado el 15 de marzo junto con más de 200 migrantes en uno de tres aviones con destino a El Salvador. Dos aeronaves transportaban a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que desencadenó una intensa batalla legal que EE.UU. accedió a rever. Abrego-García viajaba en un tercer avión que no estaba afectado por dicha normativa, según las autoridades estadounidenses.
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“Después de admitir que lo deportaron erróneamente, la flagrante omisión en su expediente es qué planean hacer para rectificar ese error”, señaló en una entrevista Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego-García. “No hay nada. Simplemente se están desentendiendo de este hombre”.
Sandoval-Moshenberg negó que su cliente sea miembro de la MS-13 y dijo que es un trabajador de la metalurgia.
Ciudadano de El Salvador, Abrego-García solicita una orden que impida a EE.UU. financiar su detención en el centro de detención CECOT en el cual, según su abogado, está siendo sometido a tortura y a un riesgo inminente de muerte. Sandoval-Moshenberg también solicita que el juez ordene al gobierno pedir a El Salvador que devuelva al prisionero a su custodia.
Informante confidencial
Abrego-García fue sometido a un proceso de deportación en 2019, cuando un informante confidencial lo acusó de ser miembro activo de la MS-13, según EE.UU. Con posterioridad, un juez de inmigración le negó la libertad bajo fianza argumentando que representaba un peligro para la comunidad, pero luego el magistrado dictaminó que, si bien debía ser deportado, no podía ser a El Salvador porque su vida o su libertad estarían amenazadas, según afirmó Sandoval-Moshenberg.
Aunque fue liberado, funcionarios de inmigración lo arrestaron el 12 de marzo “debido a su importante papel en la MS-13”, según EE.UU. De esta forma, se lo trasladó a Texas antes de los vuelos del 15 de marzo y aunque no se suponía que fuera subido a un avión, lo hicieron por un “error administrativo”, de acuerdo al gobierno estadounidense.
“Se trató de un descuido y la deportación se llevó a cabo de buena fe basándose en la existencia de una orden final y la supuesta pertenencia de Abrego-García a la MS-13”, explicaron los abogados estadounidenses.
En su presentación, los letrados alegaron varias otras razones por las que se oponen a su regreso a EE.UU., entre ellas que si vuelve, “incluso estando detenido, los pandilleros podrían fomentar la violencia contra funcionarios del gobierno y otros detenidos”.
También indicaron que ordenar al presidente “solicitar la liberación de un miembro de una pandilla responsable de la violencia y el narcotráfico en todo el continente americano es una amenaza para la seguridad nacional del país”, subrayaron.
Tal orden equivaldría a una “interferencia judicial injustificada en la conducta de la política exterior”, afirmó EE.UU.